El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, está empeñado en eliminar el ejercicio de la prostitución en las calles del distrito de Centro, y cree que lo conseguirá cuando se instalen las 31 cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de la calle de Montera y de la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta.

El Ayuntamiento de Madrid registró la semana pasada en la Delegación del Gobierno la solicitud de autorización para instalarlas.

El Ministerio de Interior es quien tiene la última palabra, aunque con el precedente existente en la plaza Mayor el alcalde considera que no pondrán ningún obstáculo a esta medida.

Aunque los plazos no dependen del consistorio, el primer edil considera factible que a finales de este año se puedan instalar las cámaras.

De esta forma se quiere atender las demandas de los vecinos que sufren índices elevados de delincuencia y degradación.

Según ha explicado el primer edil, este sistema aporta numerosas ventajas como aumentar la eficacia preventiva de la actuación policial, tener un impacto mínimo sobre el entorno y cumplir rigurosamente la normativa vigente en cuanto a las garantías de la privacidad y la intimidad de las personas.

Las 31 cámaras están protegidas por carcasas antivandálicas y con ellas se pretende conseguir una vigilancia general en los diferentes tramos de las calles.

Con el fin de minimizar la obra civil y no intervenir en fachadas y tejados de comunidades de vecinos, las cámaras se instalarían próximas a farolas de alumbrado público, excepto las que previsiblemente se ubicarán sobre báculos de la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, plaza de Callao, Gran Vía y Red de San Luis.

Críticas
Esta medida no cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, cuya portavoz de Servicios Sociales, Milagros Hernández, calificó de “bochornoso que, tras cuatro años de fracaso del plan Montera, la solución mágica de Gallardón sea poner unas cámaras”.

Por su parte, la representante de Hetaira, que representa a las prostitutas, indicó que el gabinete jurídico de su colectivo va a preparar un recurso contra la colocación de estas cámaras porque, según dijo, “atenta contra la libertad de las prostitutas, son demenciales y rayan la inconstitucionalidad”.

En la rueda de prensa de presentación de esta medida, Alberto Ruiz-Gallardón anunció además que ha encargado un estudio jurídico para ver la posibilidad de retirar la licencia a los sexshop del centro por entender “que degradan la zona”. La Asociación Nacional de Locales de Alterne (Anela) ha criticado esta intención porque ataca, a su juicio, al principio mismo de “seguridad jurídica”. No obstante, esta organización celebró medidas como el cierre de la Casa de Campo con el fin de luchar contra la prostitución callejera. 
El jefe de los servicios jurídicos de Anela, José Luis Roberto, apuntó, en declaraciones a Europa Press, que el Consistorio no puede ilegalizar algo que hasta ahora era legal. “Hacer que un establecimiento con licencia pase a no serlo de pronto viola la seguridad jurídica, y, si desde el punto de vista constitucional somos iguales y la prostitución no está penada, no entiendo que pueda hacerse algo así”, dijo.

Sin embargo, la Federación Madrid Centro sí ha apoyado la medida por entender que beneficia a los vecinos y a la recuperación de la zona.